Cuando un docente se jubila, luego de muchos años de intenso bregar en las jornadas de construcción del conocimiento dentro de los claustros universitarios, lo mínimo que debe recibir de la institución a la que sirvió es gratitud, la que debería reflejarse en el pago oportuno de su liquidación de haberes y el bono de compensación o de jubilación, que no son dádivas sino la retribución justa y razonable por su abnegada labor magisterial durante toda una vida.
En el caso de nuestra universidad, el tortuguismo, la ineficacia y el desinterés son los ingredientes de un proceso de pago que no ve luz a corto plazo, manteniendo en la indefensión a aproximadamente 300 jubilados que no se merecen el trato injusto al que están sometidos.
En el oficio de salida al promitente jubilado, el Sr Rector comunica textualmente " que se encuentra dentro de la planificación y programación de pagos su compensación por retiro obligatorio tal como lo establece la ley", lo que no es cierto, ya que recién están "planificando" el pago, con la cuantificación del valor global a pagarse.
A simple vista la administración de la Universidad no está cumpliendo con lo que norma la ley, siendo este incumplimiento causal de demanda ante el CES y el Ministerio de trabajo.
Es hora de que los jubilados impagos ejerzan su legítimo derecho de reclamar administrativa y legalmente por el incumplimiento de pago
